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¡Anular la deuda!

El colonialismo estadounidense estrangula a Puerto Rico

¡Por el derecho a la independencia!

Este verano, el jefe supremo imperialista, el presidente Barack Obama, ratificó como ley el proyecto PROMESA. La ley establece una junta designada por el gobierno de EE.UU. con amplios poderes para “reestructurar” la deuda e imponer mayor austeridad en la empobrecida isla. Aprobada por el gobernador García Padilla, esta junta económica refuerza la subyugación colonial de Puerto Rico, al empujar a las masas hacia una pobreza aún más profunda. Reproducimos a continuación una traducción al español de nuestro artículo sobre la crisis económica en curso, que fue publicado el pasado otoño en Workers Vanguard No. 1075 (2 de octubre de 2015).

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Tras declarar que Puerto Rico está en una “espiral mortal” de deuda impagable que suma un total de 72 mil millones de dólares, el gobernador Alejandro García Padilla dio a conocer el 9 de septiembre un plan económico de cinco años que supondría más miseria y austeridad paralizante para las masas puertorriqueñas. En lo que va del año, los puertorriqueños han sido golpeados con un aumento (del 7 al 11.5 por ciento) al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), un racionamiento estricto del agua, cierres de escuelas y aumentos en el precio del gas y otros servicios públicos, mientras los acreedores y banqueros estadounidenses, hambrientos de ganancias, exigen que se paguen en su totalidad los intereses de sus préstamos. Como el tiro de gracia, el “Plan de Crecimiento Económico y Fiscal” de García Padilla es un ataque multilateral contra la asistencia médica, la educación, los derechos sindicales y el nivel de vida en general.

La crisis actual de la deuda de Puerto Rico es una consecuencia directa del dominio colonial estadounidense. Durante los últimos 117 años, los gobernantes de EE.UU. han saqueado y explotado la tierra y la mano de obra de la isla —desde los primeros magnates del azúcar que acabaron con las cosechas de café, tabaco y frutas para usar a la colonia como una inmensa plantación, hasta los capitalistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial que la transformaron en una base de manufactura barata para las corporaciones estadounidenses—. En las últimas décadas, las empresas estadounidenses han gozado de toda una gama de recortes tributarios, mientras que Puerto Rico fue forzado a pedir préstamos a especuladores para construir infraestructura interna y pagar pensiones y servicios sociales. Al momento de la crisis financiera global que comenzó en 2007-2008, Puerto Rico ya estaba en una profunda recesión, y el gobierno no podía pagar los bonos que había emitido. Los depredadores de Wall Street y los buitres del fondo de cobertura no tardaron en abalanzarse sobre la isla y comprar a precio regalado los bonos devaluados y enriquecerse a costa de la deuda puertorriqueña.

Con una economía atada al dólar estadounidense y la isla gobernada por leyes dictadas desde el Congreso de EE.UU., Puerto Rico casi no tiene margen de maniobra para esquivar a la junta de banqueros y colonialistas, que son los que realmente deciden. Los amos estadounidenses controlan la moneda, las relaciones exteriores, los bancos, las comunicaciones, las relaciones comerciales y el tráfico marítimo del territorio. Ha habido varias protestas en contra de las inminentes medidas de austeridad, incluyendo una el 11 de septiembre, cuando un equipo de ventas de Workers Vanguard y Espartaco asistió en San Juan a una manifestación que incluyó a miles de obreros del sector público en contra del plan de García Padilla. Los obreros estadounidenses, explotados y oprimidos por la misma clase capitalista que está estrangulando a las masas puertorriqueñas, también tienen un interés directo en oponerse al peonaje que resulta de la deuda de la colonia más grande de Estados Unidos. Lo que se necesita es una lucha de clases conjunta de los obreros de EE.UU. y de la isla para parar los ataques salvajes de los gobernantes, empezando con la demanda: ¡Anular la deuda!

Entre rumores del impago que se avecina, los políticos burgueses han estado debatiendo qué marco legal emplear para renegociar la deuda, mientras imponen austeridad a las masas puertorriqueñas. Cuando el gobierno puertorriqueño intentó aprobar una ley de quiebra para la isla, los tribunales federales de EE.UU. declararon que la propuesta era inconstitucional. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo y otros más han llamado por que se aplique el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras a los municipios de Puerto Rico. Para entender lo que esto significaría, basta mirar a la ciudad de Detroit en bancarrota. Bajo el plan de reestructuración financiera de esa ciudad, apoyado por la administración de Obama, las pensiones de los trabajadores municipales han sido saqueadas y se han recortado severamente los servicios sociales. Mientras tanto, bajo el plan del 9 de septiembre del gobernador García Padilla, un comité de control financiero se encargaría de supervisar la implementación de medidas draconianas parecidas a las del infame informe Krueger emitido en junio por antiguos funcionarios del Fondo Monetario Internacional.

El plan de García Padilla incluye restringir aumentos al salario mínimo a trabajadores menores de 25 años, limitar la elegibilidad para prestaciones sociales, eliminar derechos laborales como la antigüedad, reducir los días de vacaciones pagadas para trabajadores del sector público y congelar la contratación de nuevos trabajadores y los convenios colectivos de trabajo. Los subsidios de la Universidad de Puerto Rico se encuentran bajo ataque, mientras que la asistencia médica pública, ya en colapso, enfrenta aún más recortes. Se está planeando privatizar el transporte público, y el servicio público de electricidad de la isla, PREPA, podría ser desregulado.

Los puertorriqueños sufren ya de pauperización: al menos el 45 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y el ingreso per cápita se acerca a 15 mil dólares anuales, menos de la mitad del de Mississippi, el estado más pobre. Al mismo tiempo, los obreros y los desempleados están obligados a pagar precios elevados por bienes de consumo, en gran medida gracias a una disposición chantajista de la Ley Jones. Aprobada hace casi un siglo, esta legislación proteccionista impone que cualquier producto que vaya a Puerto Rico o salga de ahí se tiene que transportar en barcos estadounidenses o enfrentar aranceles o cuotas elevados, que después le serán cobrados a la población puertorriqueña. La diminuta isla caribeña —que depende en gran medida de las importaciones, incluyendo el 85 por ciento de su comida— es un vertedero para los productos estadounidenses.

Con el peso de la opresión nacional y la represión colonial a cuestas, los puertorriqueños tienen la ciudadanía formal pero son tratados por los gobernantes estadounidenses con desdén racista como ciudadanos de segunda clase. Los residentes de la isla son usados como carne de cañón en las guerras imperialistas de EE.UU., pero no pueden votar en las elecciones federales, ni tienen voto representativo en el Congreso. Con pocos recursos naturales y ahora una raquítica industria en la colonia, el gobierno es el principal empleador. Mientras el número de empleos y las oportunidades se vayan agotando, la emigración creciente amenaza con dejar abandonada a una población envejecida y más vulnerable. En la última década han emigrado hasta medio millón de puertorriqueños. Hoy, el número total de puertorriqueños que vive en EE.UU. es mucho mayor que los 3.5 millones de habitantes de la isla.

Aunque existe un resentimiento profundo por el estatus de Puerto Rico como “Estado Libre Asociado”, este enojo es contradictorio y no se traduce en un apoyo amplio por la independencia. La mayoría de los puertorriqueños temen que la independencia tendría un precio doloroso; particularmente, temen que los haría perder las ventajas de ser ciudadanos de EE.UU., tales como los derechos de vivir y trabajar en el continente. Bajo el régimen capitalista, un Puerto Rico independiente seguiría siendo dominado económicamente por el imperialismo estadounidense, mientras que también estaría obligado a competir en el mercado capitalista mundial con otras islas pequeñas con pocos recursos del Caribe. Al mismo tiempo, el estatus de estado, o la anexión directa a EE.UU., aumentaría la hostilidad racista nativa hacia los puertorriqueños. También aceleraría la tendencia a remplazar el español por el inglés en la isla, lo que en última instancia amenaza la identidad nacional del pueblo puertorriqueño.

Como enérgicos oponentes del imperialismo estadounidense, apoyaríamos la independencia de Puerto Rico para así tomar lado contra el dominio colonial estadounidense y luchar contra el chovinismo en EE.UU. Asimismo, buscamos socavar a los líderes nacionalistas de la clase obrera puertorriqueña, que predican la colaboración de clases con los capitalistas de la isla en nombre de la unidad nacional. Acabar con la subyugación formal de Puerto Rico ayudaría a ir más allá de la cuestión del estatus de la isla respecto a la bestia estadounidense y podría allanar el camino para la lucha clasista revolucionaria al nivel internacional. Sin embargo, los deseos de la población son un factor importante para los marxistas al determinar cómo sacar la cuestión nacional del orden del día, y nos oponemos a la anexión o la independencia forzadas para la población de la isla. Por lo tanto, defendemos el derecho a la independencia de Puerto Rico.

Opresión nacional y subyugación colonial

Desde la Doctrina Monroe de 1823, los gobernantes estadounidenses han reclamado toda América, incluyendo el Caribe, como su propio feudo. Con el advenimiento de la época imperialista, la burguesía estadounidense se apropió de Puerto Rico —junto con otras colonias españolas: Cuba, Guam y las Filipinas— durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Durante la Guerra Fría, Puerto Rico fue una base de operaciones para las agresiones de EE.UU. en el Caribe —desde la invasión de Playa Girón [Bahía de Cochinos] en Cuba en 1961 hasta las de República Dominicana en 1965 y Granada en 1983—. Aunque las dos bases militares más grandes, Vieques y Roosevelt Roads, han sido cerradas, la Guardia Costera, la Guardia Nacional y otras tropas estadounidenses siguen todavía en la isla.

Durante décadas, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo represión estatal y campañas brutales contra sindicalistas, nacionalistas y otros supuestos disidentes puertorriqueños. La Ley Mordaza de 1948 en la isla, que se usó ampliamente contra el movimiento independentista, fue creada usando como modelo la ley federal Smith de 1940, que criminalizaba el propugnar el derrocamiento revolucionario del gobierno. Usando la isla como campo de entrenamiento para llevar a cabo infiltraciones y provocaciones y ocasionar la desorganización, los agentes federales han atacado salvajemente a los independentistas con encarcelamientos y asesinatos políticos. Exigimos la libertad de los activistas independistas, como Oscar López Rivera, que se encuentran encarcelados en EE.UU. ¡Todas las tropas y agentes federales fuera de Puerto Rico ahora!

A partir de finales de los años 40, el estatus de Puerto Rico se convirtió en una piedra en el zapato de la clase gobernante estadounidense. En las colonias del mundo entero se libraban luchas independentistas para deshacerse de sus respectivos yugos. La subyugación de Puerto Rico, junto con la segregación [racial] Jim Crow en el sur de EE.UU., era motivo de vergüenza para los gobernantes estadounidenses, quienes posaban como defensores de la “democracia” contra su rival de la Guerra Fría, la Unión Soviética. Para proporcionar la ilusión de un autogobierno puertorriqueño, en 1952 Washington declaró a la isla un “Estado Libre Asociado”, o commonwealth, estableciendo elecciones locales y una constitución. Puerto Rico, se afirmaba, ya no era una colonia, aunque el Congreso de EE.UU. seguía ejerciendo completa autoridad sobre el territorio.

Bajo esta nueva forma de dominio colonial por parte de EE.UU., surgió una nueva capa de secuaces e intermediarios locales leales al capital estadounidense, incluyendo al primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Su Partido Popular Democrático (PPD), dirigido hoy por el gobernador García Padilla, continúa apoyando el estatus de “Estado Libre Asociado”. Muñoz Marín promovió la Operation Bootstrap del gobierno federal, un plan de industrialización del periodo de posguerra para atraer a las empresas estadounidenses mediante exenciones de impuestos y mano de obra barata (que incluyó por un periodo renunciar a los requerimientos federales de salario mínimo).

Con la Revolución Cubana de 1959, el imperialismo estadounidense trató de apuntalar a Puerto Rico como el milagro del libre mercado y un bastión contra el comunismo en el Caribe. La Revolución Cubana condujo a la expropiación de los capitalistas estadounidenses y cubanos y a la creación de un estado obrero deformado. A pesar del dominio de una casta burocrática dirigida por Fidel Castro, la Revolución Cubana, con indispensable ayuda militar y económica de la Unión Soviética, produjo enormes avances para las masas trabajadoras del país, incluyendo vivienda garantizada, asistencia médica y educación gratuita. Después de la revolución, un número importante de gusanos capitalistas cubanos huyó a Puerto Rico, y no tardó en convertirse en una herramienta reaccionaria para la promoción de los intereses anticomunistas estadounidenses por parte del gobierno local.

A principios de los años 90, con la destrucción contrarrevolucionaria de la Unión Soviética, la clase dominante estadounidense ya no tenía ningún interés en proporcionar subsidios indirectos a los negocios que servían para presumir el desarrollo económico de Puerto Rico —principalmente en la industria electrónica y farmacéutica—. Mientras eliminaban paulatinamente los incentivos tributarios de la Sección 936, hubo un éxodo de empresas estadounidenses, con una caída en el número de empleos de manufactura de casi 50 por ciento desde 1996. La salida de capital empeoró las condiciones de pobreza y desempleo, provocando que Puerto Rico dependiera aún más de programas y beneficios federales.

Hoy, el que la administración de Obama haya suavizado las relaciones con Cuba tiene a García Padilla y otros políticos burgueses puertorriqueños lloriqueando ante la posibilidad de perder la competencia por los dólares que generan la inversión y el turismo de EE.UU. Al mismo tiempo, algunos empresarios puertorriqueños han estado trabajando junto con la Casa Blanca para promover la influencia estadounidense en el estado obrero cubano.

El aumento en los lazos financieros y comerciales con las corporaciones estadounidenses es un peligro inminente que amenaza con fortalecer las fuerzas internas de la contrarrevolución capitalista en Cuba. No obstante, desde nuestra perspectiva como revolucionarios marxistas, Cuba tiene derecho a entrar en relaciones diplomáticas y económicas con cualquier país capitalista que elija, sobre todo para salir del gran aislamiento económico. Exigimos terminar con el embargo económico estadounidense, cuyo objetivo es matar de hambre a la pequeña isla, y llamamos por la salida de EE.UU. de Guantánamo.

Como trotskistas, estamos por la defensa militar incondicional del estado obrero cubano contra la amenaza de la contrarrevolución interna y el ataque imperialista. Sin embargo, la necesaria defensa de Cuba está minada por el programa nacionalista de la burocracia gobernante de La Habana, que acepta el falso dogma estalinista de construir el “socialismo en un solo país”. La única salida al atraso económico de Cuba es la revolución proletaria alrededor del globo —principalmente en el imperialista EE.UU.— que integre a la isla a una economía internacionalmente planificada. Luchamos por una revolución política proletaria que eche a la burocracia estalinista y establezca un régimen basado en la democracia obrera, comprometido con la lucha por el socialismo en todo el mundo.

Una perspectiva clasista y revolucionaria

La lucha por la liberación de Puerto Rico se tiene que llevar a cabo teniendo como eje el internacionalismo proletario. En EE.UU., luchamos por movilizar a la clase obrera multirracial contra el chovinismo racista fomentado por la burguesía estadounidense, y del cual hacen eco los líderes sindicales, que enfrenta a diferentes sectores de la clase obrera entre sí. Gran parte del poder social de la clase obrera puertorriqueña se encuentra en EE.UU., en grandes concentraciones metropolitanas en el noreste y el sur, y está representado en los sindicatos de hospitales, del transporte y otros. Estos trabajadores puertorriqueños, junto con los dominicanos, haitianos y otros de la región que ahora residen en EE.UU., pueden formar una conexión viva con la lucha de clases del proletariado en el Caribe.

En Puerto Rico, la clase obrera ha mostrado voluntad e interés por luchar contra la reciente oleada de ataques, incluso con paros y huelgas de maestros y trabajadores transportistas. En 2010, una huelga estudiantil de dos meses en la Universidad de Puerto Rico (UPR) contra recortes presupuestarios e incrementos a la colegiatura fue apoyada por sectores clave de la clase obrera. Esa huelga, junto con luchas posteriores en la UPR, electrificó a la isla entera y mostró la conexión entre el derecho a la educación y la lucha contra los despidos.

Los trabajadores puertorriqueños deben rechazar la perspectiva que ofrece la burocracia sindical, que aconseja que los trabajadores hagan sacrificios por el llamado interés nacional. El 22 de agosto, refiriéndose a la crisis de la deuda, una asamblea de líderes y delegados de varios sindicatos representantes de maestros, trabajadores del sector público y otros adoptó una resolución que exigía “la unidad de todos los sectores de la sociedad” para renegociar la deuda. Esbozando una estrategia puramente legalista, la resolución declaraba un compromiso para “contribuir a resolver los problemas de Puerto Rico” y recomendaba medidas tales como reorganizar el Departamento de Hacienda y enmendar el código fiscal.

En Puerto Rico, el mecanismo principal de colaboración de clases de los dirigentes sindicales es la ideología nacionalista, lo cual significa encadenar a los explotados y los oprimidos a los gobernantes capitalistas de la isla, sobre todo a través del PPD burgués. Muchos obreros ven a este partido, que tiene vínculos con el Partido Demócrata de EE.UU., como el “mal menor” al lado del derechista Partido Nuevo Progresista (PNP), que está por el estatus de estado. En 2012, el gobernador García Padilla del PPD fue elegido sobre esa base, después de que el gobierno anterior del PNP, encabezado por Luis Fortuño, llegara a ser ampliamente odiado por su corrupta y mala administración y austeridad masiva, que incluyó el despido de decenas de miles de empleados públicos, ataques rompesindicatos y una campaña para privatizar servicios públicos. Justo tras tomar posesión de su cargo, García Padilla mostró su lealtad a Wall Street promoviendo nuevos incentivos fiscales para atraer la inversión privada. Ahora él encabeza la próxima ronda de austeridad salvaje.

Puerto Rico es una confirmación vívida de la necesidad de un programa que se centre en la independencia de clase del proletariado respecto a todas las alas de los capitalistas. Esto requiere una ruptura política con las fuerzas nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas. En los países económicamente atrasados, las burguesías son demasiado débiles, corruptas y dependientes de los imperialistas para resolver tareas esenciales, como romper el yugo del imperialismo. Solo mediante la toma del poder por parte del proletariado puede haber una liberación respecto al dominio imperialista y pueden sentarse las bases para erradicar la pobreza.

Una revolución obrera victoriosa en EE.UU., en la que los obreros puertorriqueños con conciencia de clase podrían desempeñar un papel de vanguardia, otorgaría la independencia inmediata a Puerto Rico y cantidades masivas de ayuda financiera, estableciendo relaciones sobre la base de su libertad de ejercer la autodeterminación nacional. Pero la chispa de la revolución también podría venir de los países coloniales o neocoloniales. La lucha obrera en Puerto Rico contra el dominio colonial de EE.UU. podría inspirar a la clase obrera multirracial en el continente para llevar a cabo el derrocamiento revolucionario del imperialismo estadounidense.

Sólo una federación socialista (o federaciones) del Caribe, en el contexto de la revolución socialista mundial, que haga posible una planificación colectivizada al nivel internacional, podría abrir el camino al desarrollo económico cualitativo de Puerto Rico y los países vecinos que hoy están bajo la bota imperialista. Para que esta perspectiva se haga realidad, se tienen que construir partidos trotskistas en Puerto Rico y EE.UU. como parte de una IV Internacional reforjada, el partido mundial de la revolución socialista.